Panorama nacional

Entre los años de 2003 y 2004, el Gobierno Federal lanzó las bases de un nuevo modelo para el Sector Eléctrico Brasileño, sostenido por las Leyes Nº 10847 y 10848, del 15 de marzo de 2004, y por el Decreto Nº 5163, del 30 de julio de 2004.

En términos institucionales, el nuevo modelo definió la creación de una entidad responsable de la planificación del sector eléctrico a largo plazo (la Empresa de Investigación Energética – EPE), una institución con la función de evaluar permanentemente la seguridad del suministro de energía eléctrica (el Comité de Monitoreo del Sector Eléctrico – CMSE) y una institución para dar continuidad a las actividades del MAE (Mercado Mayorista de Energía), relativas a la comercialización de energía eléctrica en el Sistema Interconectado (la Cámara de Comercialización de Energía Eléctrica - CCEE).

Otras alteraciones importantes incluyen la definición del ejercicio del Poder Concedente al Ministerio de Minas y Energía (MME) y la ampliación de la autonomía del Operador Nacional del Sistema Eléctrico (ONS).
En relación con la comercialización de energía, fueron instituidos dos ambientes para la celebración de contratos de compra y venta de energía: el Ambiente de Contratación Regulada (ACR), en el cual participan Agentes de Generación y de Distribución de energía; y el Ambiente de Contratación Libre (ACL), en el cual participan Agentes de Generación, Comercialización, Importadores y Exportadores de energía y Consumidores Libres.

El nuevo modelo del sector eléctrico tiene como objetivo alcanzar tres objetivos principales:

- Garantizar la seguridad del suministro de energía eléctrica

- Promover la modicidad tarifaria

- Promover la inclusión social en el Sector Eléctrico Brasileño, en particular con los programas de servicio universal.

El modelo prevé un conjunto de medidas para que sean observadas por los Agentes, como la exigencia de contratación de la totalidad de la demanda por parte de las distribuidoras y de los consumidores libres, nueva metodología de cálculo del lastre para la venta de generación, contratación de centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en proporciones que aseguren un mejor equilibrio entre garantía e coste de suministro, así como el monitoreo permanente de la continuidad y de la seguridad del suministro, con el objetivo de detectar desequilibrios coyunturales entre oferta y demanda.

En términos de modicidad tarifaria, el modelo prevé la compra de energía eléctrica por las distribuidoras en el ambiente regulado por medio de subastas – observado el criterio de menor tarifa, objetivando la reducción del coste de adquisición de la energía eléctrica para que sea repasada a la tarifa de los consumidores cautivos.

La inclusión social busca promover la universalización del acceso y uso del servicio de energía eléctrica, creando condiciones para que los beneficios de la electricidad sean puestos a disposición de los ciudadanos que aún no cuentan con ese servicio, y garantizar el subsidio a los consumidores de bajos ingresos, de tal forma que estos puedan pagar los costes de su consumo de energía eléctrica.

Fuente:
Ministerio de Minas y Energía